Hablar del transporte público de Quito es complicado. Lo es aún más si se habla del transporte en bus. Hace unos 70 años, el tranvía eléctrico de la ciudad cesó sus operaciones y los buses empezaron a rodar por la ciudad. Desde entonces, hay una dinámica latente de conflicto entre transportistas, las autoridades y los usuarios. Estos conflictos se activan dependiendo de las condiciones económicas y políticas del país y la ciudad, pero no suelen encontrar soluciones a largo plazo.
Un pasaje en Quito cuesta 25 centavos de dólar. Esta tarifa fue fijada en 2003 con la implementación de los buses “tipo” - azules - que hoy circulan por la ciudad. Hasta la actualidad, la tarifa no se ha ajustado. En esos 17 años, el país cambió de Constitución, de ley de tránsito y transporte y de ordenanzas metropolitanas. Pasamos por 4 presidentes y el Distrito Metropolitano de Quito ha tenido 5 alcaldes. La población de la ciudad aumentó en un 73.96% y el salario básico aumentó en 228.11%. La única constante de casi dos décadas, es que el bus cuesta 25 centavos.
Ningún negocio podría operar con los mismos precios por 17 años y un aumento de la tarifa suena apenas lógico. El transporte público es complicado. Por un lado hay un consenso generalizado entre la gente que va en bus: el servicio es malo y subirle el precio sería un absurdo; por otro lado, la autoridad -en este caso, el Municipio de Quito- se encuentra entre las consecuencias políticas negativas del aumento del pasaje urbano y la falta de control sobre los transportistas de la ciudad.
Este escenario nos lleva al 2020, en el que dos nuevas aristas se sumaron al gran conflicto: el inminente inicio de operación del Metro de Quito y la pandemia de COVID-19; la cuarentena obligatoria y las posteriores medidas de restricción de movilidad. La situación de la pandemia hizo que los buses brinden su servicio a mitad de su capacidad y, financieramente, apenas se alcanza a cubrir los costos de operación.
La crisis económica y operativa del transporte público de Quito está en sus peores momentos de la historia.
Encontrarle una solución a esta crisis nos lleva a la necesidad de un nuevo acuerdo para el funcionamiento e integración del transporte público. Como usuarios, debemos entender que un negocio no puede operar a pérdida. Implementar nuevas tarifas es necesario para que el transporte pueda sostenerse. Asimismo, tenemos el derecho de exigir un transporte público de calidad y, además, reconocer que el municipio debe ejercer su autoridad en la ciudad. El 2020 puede ser el momento más oscuro antes del alba. Autoridades, transportistas y usuarios estamos seguros que el modelo actual es insostenible, que requiere la voluntad de todos para salir de esta crisis.
Para entender mejor la dimensión de la crisis y el estado de las negociaciones para implementar un nuevo modelo de gestión, conversamos con dos actores fundamentales del transporte en Quito: el Secretario de Movilidad del Distrito, Guillermo Abad y Jorge Yánez, principal de la cooperativa Translatinos y representante de la Unión de transporte intercantonal de Quito - UNITRANS-Q.
En los siguientes artículos puedes encontrar la entrevista completa con cada uno de ellos. Haz click sobre la imagen para abrirlos:
