La Secretaría de Movilidad está preparando un cambio importante en el transporte de la ciudad. Esta se enfrenta al desafío técnico-político que representa el aumentar el precio del pasaje de bus urbano.
El Secretario de Movilidad del municipio de Quito, Guillermo Abad, nos atendió el sábado en una reunión virtual. En esta reunión discutimos el estado de la negociación con los transportistas y los cambios que el Municipio implementará para mejorar la calidad del transporte. El secretario Abad no es ajeno al conflicto del transporte. Él fundó y presidió por varios años la fundación Justicia Vial, dedicada a hacer activismo y propuestas en materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial.
Este antecedente personal, le permite contextualizar la actual crisis con facilidad: define al transporte público como la piedra angular de la ciudad. A su juicio, la falta de eficiencia, comodidad y seguridad empuja a la gente a usar automóviles particulares. El resultado es el tráfico imposible que atravesamos todos los días, aunque solo el 30% de viajes en vehículos se hacen en automóviles particulares, estos ocupan el 80% del espacio vial de la ciudad.
La Secretaría de Movilidad está preparando un cambio importante en el transporte de la ciudad. Esta se enfrenta al desafío técnico-político que representa el aumentar el precio del pasaje de bus urbano. La Secretaría ha definido la herramienta que permitirá subir la tarifa al tiempo que se exigen mejoras en el servicio: los nuevos contratos de operación.
Establecidos en la Ley de tránsito de 2008, Abad menciona que no se han firmado contratos con los conceptos y parámetros que establece la ley, simplemente se continuó trabajando con los antiguos permisos de operación. Estos antiguos permisos -hoy obsoletos- parten de una visión enfocada en el transporte como actividad personal del transportista y no como servicio público. Esta es la realidad que se apunta a cambiar. Desde la Secretaría de Movilidad, hay un derrotero claro: no habrá aumento de tarifa sin cambio de modelo; no habrá aumento de tarifa sin firma de nuevos contratos.
Abad informó que los estudios para el cambio de rutas está listo y están a la espera de firmar los nuevos contratos.
La primera misión de los nuevos contratos será la reestructuración de las rutas y frecuencias, en un ejemplo didáctico, el secretario Abad menciona cambiar del actual espagueti de rutas a una verdadera red articulada. El cambio es difícil. Por años, los permisos de operación llevaron a los transportistas a sentirse dueños de las rutas que tenían asignadas, en especial de aquellas históricas como la Colón-Camal o Iñaquito-Villaflora. La decisión del Municipio es recuperar su autoridad como propietario de las rutas.
Además, necesita articular un sistema de transporte con el Metro como columna vertebral. El Secretario fue muy cauto en revelar cualquier tipo de detalles, sin embargo, Abad informó que los estudios para el cambio de rutas está listo y están a la espera de firmar los nuevos contratos.
Otro de los parámetros condicionantes para la firma de nuevos contratos es el modelo de gestión y operación del transporte. Para asignar una ruta el municipio pedirá a las cooperativas o empresas de buses funcionar con un sistema empresarial. Ahora, cada dueño de un bus se encarga de la operación. En el futuro, se espera lograr que el bus sea delegado a la cooperativa para una explotación centralizada. El objetivo, además, es llegar finalmente a un modelo en el que las compensaciones a los operadores se otorguen no por pasajero transportado, sino por kilómetro recorrido.
Los nuevos contratos también establecerán las competencias y funciones de cada actor de la movilidad, mientras los transportistas deberán cumplir con los parámetros de calidad y los usuarios tendrán responsabilidades al interior de las unidades. El Municipio está predispuesto a hacer su parte: mejorar las infraestructuras, el establecimiento de paradas y estaciones, carriles exclusivos y tomar decisiones como eliminar contraflujos para fortalecer el transporte público.
Su rol principal será por supuesto la fiscalización. Si bien no se puede tener 3000 agentes de tránsito para que controle un bus cada uno, el secretario Abad habla de la importancia de apoyarse en la tecnología. Los nuevos contratos estipularán que como mínimo cada bus cuente con GPS. Según nos confirma el secretario, una mayoría de los buses ya cuentan sistemas tecnológicos pero los datos se manejan al interior de las cooperativas. El nuevo modelo plantea que los operadores tengan los dispositivos de control y el Municipio el sistema de administración de flota para controlarlo desde el Centro de Gestión de Movilidad.
La tecnología será un aliado de los cambios propuestos al sistema. 3 sistemas se complementarán para brindar un mejor servicio.
El primero: el sistema de recaudo. Este sistema permitirá tener mayor control financiero y evitar la evasión y el fraude, asimismo, obtendrá datos sobre orígenes y destinos para medir la oferta y la demanda.
El segundo, un sistema de administración de flota que permita medir el cumplimiento de los parámetros de calidad de servicio: la velocidad crucero de los buses, el número de pasajeros transportados, la puntualidad de las frecuencias e incluso maniobras bruscas o frenazos.
El tercero y último, el sistema de información al usuario. Como su nombre lo indica este informará a los usuarios en tiempo real, las rutas existentes, los horarios y frecuencias a las que circulan, y hasta la capacidad de los buses circulando.
La Secretaría de Movilidad ha trabajado junto con los transportistas y con la comisión de movilidad del Concejo Metropolitano para llegar a acuerdos. Precisamente, la comisión prepara la ordenanza del sistema integrado de transporte público. Esta ordenanza se ha desarrollado en 3 mesas de trabajo: la primera de política tarifaria, la segunda de reestructuración de rutas y frecuencias y la tercera en la que se prepara la estructura de los nuevos contratos de operación.
Este trabajo está cerca de terminar y después que la Comisión emita un informe al respecto, será el pleno del Concejo Metropolitano quien autorice el inicio del nuevo modelo de gestión y el aumento del pasaje. Es decir, el Alcalde y los 21 deberán votar para que estos cambios puedan implementarse, dependerá de ellos la rapidez con la que podamos empezar a ver cambios en el transporte de nuestra ciudad.
Trole y Ecovía, empezarán su proceso de integración con el Metro de Quito dentro de 2 meses, se espera iniciar la implementación de pagos electrónicos y tener un sistema integrado de recaudo entre los siguientes 8 a 12 meses.
Tras la eventual aprobación, el secretario Abad aspira a firmar los nuevos contratos en 90 días. Mientras tanto se empezará a trabajar con lo que se tiene: los transportes operados por la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros. Trole y Ecovía, empezarán su proceso de integración con el Metro de Quito dentro de 2 meses, se espera iniciar la implementación de pagos electrónicos y tener un sistema integrado de recaudo entre los siguientes 8 a 12 meses. En una segunda fase, al sistema integrado de recaudo se sumarán los corredores delegados y el sistema de buses. En el caso de empresas que cumplan con los parámetros, pueden adelantarse y dar el salto.
El tiempo es vital, la situación del transporte en la ciudad es crítica. En estos momentos, los buses privados y los municipales se encuentran operando con baja rentabilidad o incluso a pérdida. Por ello, el secretario Abad se muestra optimista de la oportunidad que la terrible situación del COVID-19 ha presentado a la ciudad: es el momento de romper cadenas de medio siglo para avanzar a un transporte digno y eficiente para Quito.
Puedes encontrar un análisis sobre la crisis del transporte público y la postura de los transportistas de la ciudad al respecto, en los siguientes enlaces, dale click a las imágenes para acceder a ellos:
